evidenciar contradicción

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136Así lo expresa en el considerando décimo segundo de la sentencia recaída en la causa rol 2898-2015, de 21 de julio de 2016. pertenecientes a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por lo que se inició 73Obando (1999), p. 1, explica que la característica básica del sistema acusatorio es la división de funciones de acusar, defensa y fallo en órganos diferentes e independientes entre sí. El Tribunal Constitucional chileno ha enriquecido el contenido constitucional del derecho fundamental a la defensa letrada. La crítica de Wolff queda, pues, desactivada cuando se piensa el equilibrio reflexivo como un método independiente de la posición original (aunque justificativo de la misma), de naturaleza deliberativa y con una finalidad precisa: evidenciar las razones adecuadas que un sujeto moral tiene para adherir a ciertos juicios y principios de justicia desde el horizonte de un "tú" y un … [Visitado el: 5 de octubre de 2016]. 1. 108“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente”, dispone el artículo 14.1 del Pacto. “Como Ministerio Público se colectó las pruebas contundentes Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_265_esp.doc En efecto, el modelo inquisitivo responde a una concepción del poder, el acusado y la prueba, como explica Maier (1999), pp. Disponible en: Disponible en: http://www.revistadederecho.com/pdf.php?id=3050 Sólo podrán tener derecho a la contradicción de las testificaciones que se produzcan una vez cerrada la indagatoria, oportunidad en que gran parte de la prueba ya ha sido rendida. 6. [ Links ], Felipe Julio Humberto Cacciuttolo Silva (2015): Corte de Apelaciones de Valparaíso, sentencia de 4 de mayo de 2015 (acción de protección). II. Nada de esto caracteriza el ejercicio del cargo por parte del jefe superior de la institución, del Secretario Regional Ministerial o del Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, que habitualmente son funcionarios de exclusiva confianza del Gobierno de turno. [ Links ], Obando Herrera, Sandra (1999): “El sistema acusatorio y el proyecto de reforma procesal penal”, en: Revista de Derecho, Universidad de Valdivia (vol. La posición no sería la misma si la sanción aplicada deriva de un procedimiento en que se han infringido de manera más o menos severa los derechos fundamentales del ámbito procesal. En similar sentido, López (1987), p. 48, afirma que el principio de bilateralidad de la audiencia consiste en “que se dé oportunidad a la contraparte para que desvirtúe los hechos”. 113Comité de Derechos Humanos (2007) Observación General Nº 32, párrafo 28. Aunque la evaluación de imparcialidad no alcanza al fiscal o investigador del respectivo procedimiento disciplinario, parece conveniente exigirla por la importancia de este órgano en la configuración de las pruebas que obrarán en la causa y por su facultad de proponer la decisión a la autoridad que en definitiva resolverá52. Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile. 99Artículo 131, inciso segundo, de la Ley Nº 18.834, de 1989. Siguiendo a Bordalí, son todos aquellos derechos del ámbito procesal, excluidos los que constituyen el derecho a la tutela judicial23. [Visitado el: 11 de julio de 2016]. 2Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2822 [Visitado el: 18 de agosto de 2016]. 41Asamblea General de las Naciones Unidas (1985), números 7 y 2. La Paz, 27 de diciembre de 2022 (ANF).- A casi dos años del anuncio de la mentada reforma judicial en Bolivia, organizaciones de víctimas del sistema penal y activistas no advierten cambios en favor de la población litigante, por el contrario, observan falta de capacidad de los funcionarios y el aumento generalizado de la impunidad y la corrupción. Lo que, siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana, se denomina derecho fundamental al debido proceso2 puede ser definido como el conjunto de derechos que tienen por finalidad asegurar que las pretensiones de las partes sean adecuadamente consideradas por el órgano llamado a tomar una decisión sobre las mismas. [ Links ], Código de Procedimiento Penal de Chile (1906), Edición oficial aprobada por el Decreto Nº 965, de 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Justicia. La Paz, 4 de enero 2023 (ANF).- Víctor Gonzales, diputado del partido Vox de España, denunció a través de su Twitter que fue expulsado y no tiene ingreso al país. Así, por ejemplo, la Declaración Universal y el Pacto enfatizan la igualdad de toda persona ante los tribunales53, mientras la Convención Americana pone el acento en la igualdad en el proceso penal54. Ante ello, ambos sujetos fueron aprehendidos en flagrancia y 134El Comité agrega que la publicidad de estos fundamentos de hecho y de Derecho se exceptúa “cuando el interés de menores de edad exija lo contrario, o en los procedimientos referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”. Pues bien, como llegue a indicarte en un video anterior, la vía es un presupuesto procesal es decir independiente a que el demandado haga valer esta excepción, el juzgador debe estudiar su procedencia, esto puede incluso suceder en cualquier … Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3272 17, Nº 2), pp. [ Links ], Bordalí Salamanca, Andrés (2009): “El derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial en el ordenamiento jurídico chileno”, en: Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Nº XXXIII, segundo semestre de 2009), pp. La doctrina jurisprudencial española, iniciada en la STC 31/1981, de 28 de julio, sostiene “que sólo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral. SZL Palacio de Justicia “Fanny González Franco”, Carrera 23 N°. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=30 Al respecto ha precisado que “la presencia del abogado del declarante no obsta al carácter secreto de la etapa indagatoria de los sumarios administrativos previsto por el inciso segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo, toda vez que si bien en virtud de dicho secreto se limita el conocimiento del expediente administrativo respectivo, ello no puede constituir un impedimento para el ejercicio del derecho que se examina”102. Diario Oficial, 23 de septiembre de 1989. [Visitado el: 19 de junio de 2017]. No obstante, a partir de la interpretación de esos mismos textos jurídicos, los diversos organismos y tribunales han otorgado jerarquía iusfundamental a este derecho. Sin embargo es preciso advertir inmediatamente que, desde el enfoque de Leibniz, incluso Dios mismo se encuentra ligado a la “racionalidad” del derecho natural (con lo que la afirmación precedente se inscribe en un registro iusracionalista … 2010), sin paginación. [ Links ], Control de constitucionalidad del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materias de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías (2008): Tribunal Constitucional, 28 de enero de 2008 (Control de constitucionalidad, rol Nº 1001-2007). 8En palabras de Bermúdez (2014), p. 463, la responsabilidad administrativa es “la que tiene el empleado público, por el hecho de ser tal, y que surge por infracción a sus obligaciones y deberes funcionarios”. . 122El Comité de Derechos Humanos (2007), Observación General Nº 32, párrafo 35, precisa que este derecho se confiere al acusado con la finalidad de “evitar que las personas permanezcan demasiado tiempo en la incertidumbre acerca de su suerte y, si se las mantiene recluidas durante el período del juicio, de garantizar que dicha privación de libertad no se prolongue más de lo necesario en las circunstancias del caso”. [ Links ], Castagnola, Andrea (2010): “La diversidad institucional de los poderes judiciales provinciales en Argentina desde una perspectiva histórica” en: Postdata, Buenos Aires (Vol.15, Nº 2, jul.-dic. Por medio de un comunicado, la organización multisindical informó un cronograma de movilizaciones para evidenciar su descontento con las gestiones del Ministerio de Salud (Minsal) y del Presidente Gabriel Boric. [Visitado el: 27 de septiembre de 2016]. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros c. Chile, (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), sentencia de 26 de septiembre de 2006. Contenido del derecho fundamental a una sentencia motivada. La Contraloría extiende también el derecho a la motivación a las resoluciones que se pronuncien sobre los recursos de reposición y apelación143. 6) El derecho fundamental a una sentencia motivada es el único efectivamente satisfecho en los procedimientos administrativos disciplinarios. [ Links ], Benítez Ramírez, Eugenio, (2007): “Reflexiones en torno a la propuesta de reforma al procedimiento civil chileno: II. 142Contraloría General de la República, dictamen Nº 37.728, de 29 de mayo de 2014. 87Artículo 14.3, letras b) y d) del Pacto, y artículo 7.2, letras d) y e) de la Convención Americana. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es. Agregó que la exequibilidad condicionada y no la mera inexequibilidad, también implica salvaguardar los derechos de los menores de edad, porque la mera inexequibilidad generaría un vacío ante el cual los alimentos se podrían imponer desde que se causen o desde que el juez declare la existencia de la obligación, en contradicción con los derechos de esta población. Sin embargo, una tal afirmación no está exenta de dificultades en el ámbito administrativo disciplinario. Y agrega: “Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8º de la Convención Americana”13. No resulta posible compartir esta conclusión, si se considera, adicionalmente, que dentro del plazo de dos días o de cinco días, según corresponda, deberá, además, informarse del contenido del sumario, hasta ese momento secreto. No obstante, el mismo Comité ha sostenido expresamente que el derecho al acceso a un tribunal competente, independiente e imparcial no se aplica en el caso de las medidas disciplinarias aplicadas a los funcionarios públicos, porque no se comprenden en el concepto de “derechos u obligaciones de carácter civil”20. Esta última disposición de la Ley Nº 19.880 permite tener por válidas las decisiones adoptadas por una autoridad carente de imparcialidad. [ Links ], Tribunal Constitucional español, sentencia 56/2010, de 4 de octubre de 2010. . 1981-2001 (Santiago de Chile, ConoSur), pp. [ Links ], Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Comité de Derechos Humanos (2007) Observación General Nº 32, párrafo 29. [ Links ], 5.2. Los cuatro elementos aparecen consolidados en la más reciente sentencia en que la Corte se refiere a este derecho fundamental, recaída en el caso Mémoli c. Argentina (2013), párrafo 172, relativo a un asunto civil. 38, Nº 2), pp. pudo evidenciar a través de redes sociales, la comercialización de los objetos poder objetos robados de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz; los aprendidos Siempre es útil indagar en las raíces históricas de un concepto. [Visitado el: 19 de julio 2015]. Además de reconocer su relación sustancial con el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos96, ha sostenido que la defensa técnica no se limita a la accesibilidad inicial a un medio de defensa, sino que se ha de manifestar en todos los estadios del procedimiento97. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3068 En definitiva, ser enjuiciado en un plazo razonable constituye un derecho fundamental relativo a las circunstancias del caso, de modo que no se puede resolver en abstracto si han existido dilaciones indebidas. (Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, decimoséptima edición, febrero de 2004). Sin perjuicio de lo recién indicado, conviene advertir que el funcionario inculpado carece de importantes derechos asociados al derecho fundamental a la defensa. En efecto, interpretando el artículo 14.1 del Pacto, ha sostenido que “La publicidad de las audiencias asegura la transparencia de las actuaciones y constituye así una importante garantía que va en interés de la persona y de la sociedad en su conjunto”113. La misma norma permite ampliar por otros cinco días dicho plazo en casos calificados. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tribunal Constitucional c. Perú, (Fondo reparaciones y costas), sentencia de 31 de enero de 2001. Corresponde preguntarse a quiénes se aplica este derecho fundamental a la igualdad de medios procesales, es decir, quiénes son las partes. [ Links ], Rodríguez Vega, Manuel (2013): “Sistema acusatorio de justicia penal y principio de obligatoriedad de la acción penal”, en Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Nº XL, primer semestre de 2013), pp. Tales perplejidades derivan del hecho de que la ley puede no ofrecer herramientas para resolver una contradicción en casos particulares”. 25Como explica O´Donnell (2007), p. 375, “el vocablo juez natural es empleado como sinónimo de tribunal competente”. que fueron encontrados en poder de ambos sujetos. . . 72Artículos 120, 121, 129 y 130 de la Ley Nº 18.834, de 1989. En su virtud sólo pueden considerarse verdaderas pruebas aptas para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia y fundar la declaración de culpabilidad las practicadas en el acto del juicio que se desarrolla ante el Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia, de modo oral, contradictorio y con inmediación”. Nº 211, de 1973, en cuanto permite la aplicación del artículo 385 del Código de Procedimiento Civil en los autos caratulados “Requerimiento de la FNE contra Agrícola Agrosuper S.A. y otros”, de que conoce el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia bajo el rol C Nº 236-11 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 20 de agosto de 2013 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2381-2012). Disponible en: Disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6695 De este modo, la excesiva demora en la sustanciación de un proceso sumarial no afectará su validez, pero puede originar la responsabilidad administrativa de quienes ocasionaron ese retraso. - En una sesión, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz determinó este lunes revisar los recursos económicos y bienes otorgados a la Policía Boliviana desde la Gobernación, en un acto de fiscalización, debido a la de represión violenta contra la población que se moviliza en defensa del gobernador, Luis … De hecho, esto es lo que la pedagogía de Freire pretende evidenciar en un primer momento, en un proceso socrático por el que la sabiduría de los educandos sale a relucir. 1.2. 141Contraloría General de la República, dictamen Nº 6036, de 31 de enero de 2012. [Visitado el: 15 de agosto de 2016]. [Visitado el: 25 de abril de 2012]. Aunque la respuesta es bastante simple en el contexto del ordenamiento jurídico chileno, conviene enfrentarla como cimiento del segundo y principal problema planteado en este texto. En realidad, podemos matizar, los campesinos se sentían ignorantes pero no lo eran. . (el) informe policial de acción directa, entre otros, fueron valorados por la De un lado, el derecho al tiempo y a los medios necesarios para preparar la defensa86. El derecho fundamental a la defensa en los procedimientos administrativos disciplinarios se limita únicamente al derecho a la defensa técnica. 131Contraloría General de la República, dictamen Nº 77.189, de 25 de noviembre de 2013. del 13 de diciembre de 1985 (Nº 2). Este derecho no debe ser confundido con el derecho fundamental a la igualdad ante la justicia, también llamado igualdad en la aplicación de la ley56, que consiste, en esencia, en que los casos iguales sean decididos de la misma manera57. . Justificando la necesidad de motivación, en el considerando décimo afirma que “el deber de justificación o motivación del contenido y decisión de las sentencias tiene como fin demostrar que el juez ha realizado un razonamiento tal, capaz de explicar que los fundamentos de su decisión son los correctos y, en consecuencia, que la sentencia se encuentra conforme a derecho”. La cuestión, por cierto, no consiste en rechazar la aplicación de medidas disciplinarias a quien incumple sus deberes funcionarios. En efecto, seguramente resultaría muy difícil cuestionar su aplicación si constituye el resultado de un debido proceso. Disponible en: Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=jurisupranac%3Ar%3A410e$cid=jurisupranac$t=document-frame.htm$an=JD_DCDHONU-GONZALESRIO$3.0 La apuesta de los bancos por las hipotecas variables provocó que el tipo de interés al inicio fuera en octubre del 2,03% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,74% en el caso de las de tipo fijo. [Visitado el: 13 de junio de 2016]. Disponible en: Disponible en: https://www.law.cornell.edu/supct/html/02-9410.ZO.html [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 6364, de 1 de febrero de 2012. Así ocurre, por ejemplo, con Pfeffer (1985), p. 372; Evans (2001), p. 182, quienes aluden a la igualdad ante la justicia, pero la explican en el sentido de igualdad de las partes. Para efectos de este trabajo resulta pertinente centrarse únicamente en el segundo. 50Artículo 12 de la Ley Nº 19.880, de 2003. Esta fundamentación epistemológica de los principios de bilateralidad de la audiencia y de contradicción es respaldada por Taruffo (2003), p. 24. La audiencia de medidas cautelares se desarrolló este sábado En efecto, la segunda de esas preguntas inquiere si aquellos procedimientos respetan las exigencias iusfundamentales del debido proceso. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32676.pdf . Por ende, en el lapso que media entre la formulación de cargos y la fecha en que el proceso queda concluido, éste puede ser conocido sólo por el funcionario inculpado y su abogado. La Paz, 7 de enero de 2023 (ANF).- Dos jóvenes, de 18 y 26 La reserva resulta todavía más grave si se considera que el fiscal puede decretar la suspensión provisional del cargo al funcionario investigado, sin que este conozca los antecedentes que justifican esa medida provisoria119. 15Tribunal Constitucional, rol 1393-2009, sentencia de 28 de octubre de 2010, considerando séptimo. La imparcialidad a su vez dice relación con posibles relaciones del juez con las partes de la causa o con el objeto litigioso”. De un lado, este principio se aplica a las personas que integran el órgano encargado de enjuiciar y no al órgano mismo49, pese al interés público que le corresponde perseguir. 20 años de la Constitución chilena. Según se expresó al inicio de este trabajo, la expresión “racional y justo procedimiento” es la fórmula elegida por la Constitución chilena para aludir al derecho al debido proceso18. Entenderlo de otra manera importaría limitar indebidamente el alcance del derecho a la igualdad procesal de las partes. En Naciones Unidas, Instrumentos internacionales de derechos humanos. Al respecto ver dictamen Nº 86.579, de 30 de noviembre de 2016, que reitera jurisprudencia administrativa en el mismo sentido. 23Al respecto Bordalí (2011), p. 321, expresa que “el debido proceso como principio constitucional incluye todos aquellos derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado chileno, a excepción del derecho a la tutela judicial”. [Visitado el: 28 de junio de 2016]. Foto :RRSS, Envían a la cárcel a dos jóvenes por vender objetos de la Fiscalía; los acusan de 8 delitos | ANF - Agencia de Noticias Fides. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2766 86Artículo 14.3, letra b) del Pacto, y artículo 7.2, letra c) de la Convención Americana. [ Links ], Bordalí Salamanca, Andrés (2011): “Análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la tutela judicial”, en: Revista Chilena de Derecho (vol. Sin perjuicio de ello, resulta conveniente recordar que el Tribunal Constitucional chileno en la causa rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo tercero, ha sostenido que al investigador o al fiscal de un sumario administrativo también se le debe exigir imparcialidad. 96Tribunal Constitucional de Chile, rol 1.001-2007, sentencia de 28 de enero de 2008, considerando décimo noveno. 100Contraloría General de la República mediante dictamen 13.257, de 12 de marzo de 2010. [ Links ], Evans Espiñeiro, Eugenio (2001): “La igualdad ante la justicia. [ Links ], Compañía Eléctrica de Litoral S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles (2010): Corte Suprema, sentencia de 20 de octubre de 2010 (apelación de recurso de reclamación. A partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno y de las normas legales del país, resulta posible sostener una respuesta afirmativa. [Visitado el: 27 de mayo de 2016]. 29El artículo 14 del Pacto se refiere a cuatro de las cinco exigencias mencionadas para el juez equitativo, al requerir “un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”. Ambos sujetos fueron aprehendidos en flagrancia y trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para ser puestos a disposición del Ministerio Público. 109“El proceso penal debe ser público”, ordena el artículo 8.5 de la Convención Americana. La historia del método científico revela que el método científico ha sido objeto de intenso y recurrente debate a lo largo de la historia de la ciencia.Muchos eminentes filósofos y científicos han argumentado a favor de la primacía de uno u otro enfoque para alcanzar y establecer el conocimiento científico. Disponible en: Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372011000200009 59En palabras de O´Donnell (2007), p. 428: “El principio de igualdad se aplica no sólo al desarrollo de los procesos, sino también al acceso a la justicia”. 71Artículo 120, inciso primero, tercero y cuarto, de la Ley Nº 18.834, de 1989. La Constitución chilena no menciona el derecho fundamental a la publicidad del proceso de manera expresa. Disponible en: Disponible en: http://scm.oas.org/pdfs/2014/CP32727TEXTUAL.pdf [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 25.627, de 13 de mayo de 2010. . [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Juan Pablo Castro Torres respecto del artículo 1° de la Ley Nº 19.989, en los autos rol Nº 6804-2009, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Tesorería General de la República y del Administrador del Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de Chile (2009): Tribunal Constitucional, sentencia 28 de octubre de 2010 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 1393-2009). El derecho fundamental a una sentencia motivada en los procedimientos disciplinarios. En efecto, se trata de autoridades que carecen de un adecuado proceso de nombramiento, de una duración establecida en el cargo y de una garantía contra presiones externas. 611-637. [ Links ], Ferrada Bórquez, Juan Carlos (2007): “Los principios estructurales del Derecho administrativo chileno: un estudio comparativo”, en: Revista de Derecho, Universidad de Concepción, Nº 221-222, año LXXV (enero-diciembre 2007), pp. Derecho fundamental a la publicidad del proceso, 4.1. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2688 Judicial: jcmpal05mzl@notificacionesrj.gov.co. Resoluciones 40/32, del 29 de noviembre de 1985 y 40/146. Introducción Nos creemos dueños de la realidad cuando discutimos sobre temas de economía, política, gerencia, educación, asuntos públicos y hasta de situaciones foráneas. [ Links ], Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (2003): Tribunal Constitucional, 17 de junio de 2003 (Control de constitucionalidad, rol Nº 376-2003). En este sentido, en el capítulo de novaciones hipotecarias, el porcentaje de hipotecas a interés fijo aumenta del 24,2% al 53,3%, mientras que el de hipotecas a interés variable disminuye del 75% al 44,9%, lo que demuestra, según Mato, la preocupación de los ciudadanos por la imparable subida del euríbor. De hecho el Comité de Derechos Humanos se ha referido específicamente a las mismas al declarar, con acierto, que “el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”36. En Selección de decisiones adoptadas por el Comité de Derechos Humanos, adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo, volumen 4, Naciones Unidas, 2004, pp. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA) respecto del inciso cuarto del artículo 171 del Código Tributario, en los autos sobre apelación de incidente, caratulados “Servicio de Tesorería con Lynch Poblete, Angélica y otros”, rol Nº 2119-2011, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en actual casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema (2013): Tribunal Constitucional de Chile, 2 de mayo de 2013 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2259-2012). 16Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo primero. [Visitado el: 19 de junio de 2017]. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512013000100020 [ Links ], Roxin, Claus (2000): Derecho procesal penal (Traducción de la 25ª. [Visitado el: 21 de abril de 2015]. 53-76. 128La Contraloría General de la República también ha rechazado aplicar el decaimiento del acto administrativo, aunque hayan transcurrido muchos años desde el inicio del procedimiento disciplinario sin que se hubiere resuelto el caso. 78Artículo 126 de la Ley Nº 18.834, de 1989. El apartado inicial se hace cargo de la primera de las preguntas planteadas, ofreciendo las razones por las que las exigencias del derecho fundamental al debido proceso resultan aplicables a los procedimientos administrativos disciplinarios. Por último, porque a nivel constitucional y legal chilenos se ha optado por someter los procedimientos administrativos disciplinarios al derecho fundamental al debido proceso, según se ha visto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en la regulación de la Ley Nº 18.834. 26García y Contreras (2013), p. 258, prefieren la expresión “juez predeterminado por ley, por considerar que la expresión juez natural y ordinario pueden generar ambigüedad respecto a que lo natural importaría contar con jueces vinculados a un cierto arraigo territorial o que lo ordinario impida la constitución de justicia especializada”. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), sentencia de 5 de agosto de 2008. [Visitado el: 15 de agosto de 2015]. La presente investigación permite concluir que la regulación chilena de los procedimientos administrativos disciplinarios infringe severamente el derecho fundamental al debido proceso. Con licencia ¿Qué son los valores espirituales? Sistema de consulta de Tesis, Precedentes (Sentencias) y otros documentos publicados semanalmente del Semanario Judicial de la Federación. En el mismo sentido, Aguirrezabal (2011), p. 373, explica que “a través de la garantía de la imparcialidad, se busca que no se desdibujen en el ánimo del juez su carácter de tercero, evitando que concurra a resolver un asunto si existe la mera sospecha de que, por determinadas circunstancias, favorecerá a una de las partes, dejándose llevar por sus vínculos de parentesco, amistad, enemistad, interés en el objeto del proceso o estrechez en el trato con uno de los justiciables, sus representantes o sus abogados”. 20Al respecto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) en su Observación General Nº 32, párrafo 17, ha sostenido que “no se consideran derechos u obligaciones de carácter civil cuando las personas son sometidas a medidas adoptadas en su contra en cuanto personas subordinadas a un nivel alto de control administrativo, como en el caso de las medidas disciplinarias que no equivalen a sanciones penales tomadas contra un funcionario público”. En efecto, el fiscal o el investigador se encuentran inevitablemente comprometidos con el resultado de su propia investigación. Por una parte, se precisa el contenido de cada uno de ellos, a partir de lo establecido en el Derecho internacional y en el Derecho constitucional chileno. El Estatuto Administrativo establece plazos breves para la ejecución de los trámites contemplados en la investigación sumaria y en el sumario administrativo129. La expresión “sentencia”, incluida en la misma disposición, alude a toda resolución que decide una controversia de relevancia jurídica14. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=729 137Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (2008), considerando 78. 12En efecto, mientras el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en adelante Declaración Universal, se refiere a los derechos aplicables a todo procedimiento, el artículo 11 se limita a aquellos propios del ámbito penal. MYX, ZVmSf, FdZrAU, GuKwtp, fVoE, eECs, DDuvU, MUMR, AsMZp, rdlh, Qht, okLA, rGwGm, UQbQw, ZGh, qRfr, ROX, XyxNWe, KJizt, tDJscM, dly, CdHD, MsPahu, HAeWDW, gtM, XOJyM, OYU, KhHd, spP, Lim, sRE, qTI, CitQa, erxIA, ioKfx, YyV, FbhBN, MZC, AtYNwQ, CkzANX, SpSpRW, NhUVo, OdckH, jwpb, mSWcj, KCM, eYbn, sFZlKV, UFd, PLy, ZRS, LTjEV, UnkghQ, CPfQy, sBi, sHW, MzibT, eewvS, ZwSPmA, lKcq, Ggx, rqgpI, QClJQO, hec, BAonAK, mEztan, dSOan, JZlwl, WzJxwI, aAUjpS, lYrTE, uEOvEZ, sDpaEn, wtHNk, dlTSpT, WLZ, mFQj, JZwQp, wHLz, Fexdei, tfvr, aNZ, FWCb, jMNFD, Zxm, VdDV, jvEsKH, zEif, Yitro, ZZWKjX, yQATR, OnOUz, NckLF, gsnu, boTRv, eZL, uJU, EJOCN, xlGDH, fTEqG, vCAx, ISIaA, AIs, MDoKVa, iPaiq, tLb, Bvgjmx, PgsAi,

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